my quest

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Vine a hacer una poda de rejuvenecimiento a un mundo embarullado
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viernes, 12 de marzo de 2010

¿Falta de respeto, o simplemente mala educación?

Hay circulando por la red unas propuestas de la CEOE sobre las cargas administrativas que soportan las empresas españolas. El gobierno se propuso reducirlas en un 30% a instancias de la Unión, y se supone que redundarán en beneficio del mundo empresarial.
La Justicia, además de una reforma que la lleve al mundo moderno, necesita también de las pequeñas cosas. Y lo curioso es que estas pequeñas cosas son gratis.
Así empezaría la reforma introduciendo una palabreja, que no es sino RESPETO. Respeto al ciudadano, respeto al letrado, respeto a uno mismo, y a lo que representa.
¿Qué se conseguiría con esto?
¿Que no se fueran a desayunar a la hora en que comienzan los señalamientos y volvieran a la hora y cuarto? ¿Que te avisaran el día antes, bien por email, bien por sms, de que se suspende un juicio por falta de citación de alguien? ¿Que algún preso preventivo no esté varios meses de más entre rejas en virtud de la ley del encaje? ¿Que un funcionario no se lleve dando clases de derecho a un justiciable al que le han notificado una demanda durante tres cuartos de hora en vez de remitirlo a un profesional y atender sus obligaciones? ¿Que se tenga preparado el formulario para que los testigos cobren la indemnización en lugar de callar a ver a los que se les pasa?¿Que en la Audiencia Nacional te devuelvan el DNI cuando acabe la vista, en lugar de hacerte esperar hasta la una, o las dos?
Lo cierto es que hay miles de pequeñas cositas que convierten en un calvario todo lo relacionado con la Justicia. Y obviamente la responsabilidad apunta a los colegios de abogados, por no saber, o no querer, imponer respeto como algo natural, y principio de la amabilidad.
De hecho, todos tenemos en mente algún juez respetuoso, pocos, muy pocos, pero marcan la diferencia de una manera abismal. La diferencia de empezar el día cordialmente, a tener que empezar con el ronroneo del mal funcionamiento.

lunes, 1 de marzo de 2010

¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano?

Todos los artículos que yo pudiera escribir, si no fueran dirigidos a los colegiados que son el colegio, no serían nada. Si no hubiera unos estatutos que nadie se ha leido, no serían nada.
Hace tiempo que hablo en el colegio, que escribo a los órganos del colegio, como el que ara en el mar. Me dicen que los problemas del mal funcionamiento endémico de la Justicia son cosa de la Junta, que no es su competencia. Y yo puedo exponer la angustia (angustiae-angustiarum: estrechez, desfiladero) que padecemos cliente y abogado ante las Horcas de siempre, o sobre la diarrea legislativa falta de tino, o sobre el disparate de que una mesa de un juzgado pueda quedar huérfana de funcionario con los casos como icebergs a la deriva durante meses, y me miran como a un animal del zoo, solo falta que me digan ¿a mí qué me cuentas? ¿acaso soy yo el defensor del colegiado?
Y así, entre cuento y cuenta, llega el omnibus day en que para justificar tu existencia colegial solo te falta decir cuántos homenajes has ofrecido, a cuántas cruces de San Raimundo has ido a aplaudir, y como consigues tener callado a un colectivo enterito sin ganar lo suficiente para pagarse la cuota de autónomo.

Pero pongo también el artículo 2º del estatuto colegial, que como fines del colegio contempla todo lo que una persona normal pediría, tan solo le falta fijar como objetivo el derecho a la felicidad, pero quiero entender que con un colegio digno vendría por añadidura.

Son fines esenciales del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Cádiz, en su
ámbito, la ordenación del ejercicio de la profesión; la representación exclusiva de la misma; la tutela del derecho de defensa; la formación profesional permanente de
los Abogados; la defensa de los derechos e intereses profesionales de los
colegiados; el control deontológico y la aplicación del régimen disciplinario en
garantía de la Sociedad; la defensa del Estado social y democrático de Derecho
proclamado en la Constitución; la promoción y defensa de los Derechos Humanos,
así como la colaboración en el funcionamiento, promoción y mejora de la
Administración de Justicia.